Lánzate 2024

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Ven al festival político y cultural para Latinx changemakers que están construyendo un futuro basado en la justicia, la liberación y el Buenvivir.

Por Amanda Chavez | Aug 22, 2019

La Liga de Justicia en el Uso del Lenguaje de Mijente responde al esfuerzo de la administración para silenciar la voz del inmigrante y remover a intérpretes de los tribunales

El 3 de julio de 2019, el San Francisco Chronicle informó que el Departamento de Justicia de la Administración Trump (DOJ por sus siglas en inglés), a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), «se está preparando para reemplazar a los intérpretes en la primera audiencia en un juzgado de inmigración con videos que informan a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes que enfrentan la deportación de sus derechos». El 19 de julio, el US News & World Report publicó que «los videos fueron lanzados esta semana en algunos tribunales de Nueva York y Miami».

Este cambio viene pisándole los talones al anuncio de redadas a gran escala nacional por parte del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dirigidas a más de 2000 inmigrantes, sus familias y cualquier inmigrante indocumentado que encuentren mientras ejecutan la operación. Una de estas redadas se acaba de llevar a cabo en el estado de Mississippi el miércoles, 7 de agosto. Ese día, ICE detuvo a 680 trabajadores de varias plantas procesadoras de carne de pollo (polleras). Son 680 personas más que serán afectadas por la sustitución de los intérpretes con un video.

La Liga de Justicia en el Uso del Lenguaje (LJL) de Mijente responde. La Liga de la Justicia en el Uso del Lenguaje (LJL) —un equipo nacional de Mijente compuesto por miembros que practican la justicia en el uso del lenguaje— trabaja para garantizar que nuestra gente pueda comunicarse y participar en los movimientos por la justicia social en cualquier idioma que hablen. Usamos la interpretación y la traducción para que la justicia en el uso del lenguaje sea parte de nuestra cultura. Creemos primordialmente en el derecho que tenemos todas las personas a expresarnos en nuestras lenguas, poder entender lo que se nos dice y hacernos entender.

La LJL se opone firmemente al cambio de política que propone el DOJ y la EOIR para silenciar la voz del inmigrante. Consideramos que este cambio es un esfuerzo más para deshumanizar y aterrorizar a las comunidades inmigrantes y avanzar un programa de supremacía blanca. La sustitución de la interpretación en vivo con un vídeo que no puede responder a ninguna pregunta o aclarar cualquier duda menosprecia la trayectoria y el trauma que impulsan a las personas hacia el asilo; no es sino un intento para privar a los seres humanos de un proceso legal digno. Exigimos que la EOIR se comprometa con la justicia en el sistema de tribunales de inmigración y que el DOJ pare de atacar los derechos del debido proceso legal.

Consideramos que esta decisión es parte de una estrategia más amplia que esta administración está hilando para atacar a nuestra gente. El 24 de mayo de 2019, poco más de un mes antes de este anuncio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) emitió una propuesta de reglamento para modificar la Sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) que debilita los requisitos para proporcionar acceso lingüístico al cuidado de la salud a personas con dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés). Para leer un buen resumen general de todos estos ataques lea The State of Play for Immigrants & Language Access in 2019 (en inglés) por Mara Youdelman del Programa Nacional de Derecho de Salud (NHeLP).

La legalidad del cambio anunciado es cuestionable. Además de ser fundamentalmente injusto, los ataques implacables por parte de la administración en contra de los derechos de acceso lingüístico también son de legalidad cuestionable. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles es pilar de los derechos en el uso del lenguaje. Dice:

Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivo de su raza, color u origen nacional, será excluida de participar o se le negarán los beneficios o estará sujeta a la discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.

Según el Título VI, los beneficiarios de fondos federales deben garantizar un acceso significativo por parte de las personas con LEP a programas y beneficios. Dado que los tribunales de inmigración están financiados por el gobierno federal, y difícilmente puede considerarse que un video en varios idiomas pueda proporcionar un acceso significativo y sin barreras de idioma en un tribunal de justicia, cuestionamos la legalidad de estos cambios y estamos comprometidos a apoyar cualquier proceso legal que se presente en contra de ellos.

¿Por qué luchar por el acceso a los juzgados sin barreras de idioma? Los intérpretes desempeñan un papel fundamental en todos los procedimientos judiciales a lo largo de los Estados Unidos. La función del intérprete es ayudar al juez y sus oficiales a que el acusado con bajo dominio del inglés (LEP por sus siglas en inglés) pueda alcanzar la misma situación lingüística, con la mayor aproximación posible, de una persona de habla inglés. Un intérprete no aporta ninguna ventaja o desventaja al compareciente en el tribunal de inmigración (o cualquier otro tribunal). Sin intérpretes, las personas están lingüísticamente ausentes en los procedimientos en su contra porque no pueden entender lo que está sucediendo, hacer preguntas o hacerse entender.

Como promotores de justicia en el uso del lenguaje, los intérpretes y traductores por igual, tenemos el deber de actuar éticamente contra los ataques al acceso lingüístico, especialmente cuando se utilizan para oprimir a la gente. Estos ataques silencian a las personas que con valor se enfrentan a la opresión con la verdad y asimismo niegan la humanidad de aquellos cuya existencia está siendo amenazada e ignorada por el sistema de justicia. Estos ataques van más allá del acceso al debido proceso legal o a la atención médica. Creemos que la intención es que asimilemos la discriminación; nos dicen que nos callemos o que hablemos con deferencia a las voces privilegiadas.

La exclusión por uso del idioma es el primer paso para descartar nuestra voz disidente. La lucha por el acceso lingüístico en los tribunales DEBE incluir la lucha por la justicia en el uso del lenguaje. La interpretación y la traducción son herramientas para contrarrestar la exclusión lingüística, pero el «por qué» detrás de su uso debe ser la prioridad. La justicia en el uso del lenguaje es nuestra manera de afirmar, sin reserva y en términos muy claros, que no nos van a silenciar y no dejaremos que apaguen las voces de quienes más necesitan alzarla.

TOMA ACCIÓN

1) FIRMA LA PETICIÓN. Únete a la Liga de Justicia en el Uso del Lenguaje y a los miembros de Mijente en pedirle al DOJ y a la EOIR que reviertan este reciente cambio de política y restauren el uso de intérpretes en persona en las audiencias preliminares en los Juzgados de Inmigración.

2) Hazte parte de la resistencia. Construye una Cultura de Resistencia. Si te autoidentificas como persona Latinx y tus valores se alinean con la liberación de nuestro pueblo, ¡hazte miembro de Mijente!

3) Webinario. Obtén más información sobre la justicia en el uso del lenguaje y cómo crear espacios que honren todas las voces e idiomas. Estate atento a la fecha del próximo webinario para miembros de Mijente de la Liga de Justicia en el Uso del Lenguaje y regístrate.

PARA CONOCER MÁS

A) La primera audiencia en los juzgados de inmigración se llama audiencia previa (MHC por sus siglas en inglés)

B) Lee las respuestas de los sectores profesionales lingüísticos y legales. Después del anuncio, las comunidades profesionales han respondido con declaraciones públicas y cartas al Congreso que denuncian la decisión con indignación y oposición y piden restaurar la independencia de los tribunales de inmigración del DOJ. Lee algunas de las declaraciones:

  • La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos publicó una declaración fuertemente objetada a estas acciones y las llama «una violación flagrante del debido proceso legal y los derechos civiles de los inmigrantes con dominio limitado del inglés (LEP)».
  • La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y la Asociación Federal de Abogados enviaron una carta al Congreso en la que se pide un sistema de inmigración independiente del Departamento de Justicia y cita un «conflicto de intereses inherente” y «problemas crónicos y sistémicos».
  • La Junta del Comité Nacional de Lenguas y el Consejo Nacional de Lenguas y Estudios Internacionales (JNCL-NCLIS) publicaron esta declaración. Incluye un llamado para escribirles a los miembros del Congreso y un ejemplo de la carta.
  • La Asociación Americana de Traductores publicó una declaración en la cual «se opone firmemente a esta decisión y pide que se utilicen intérpretes profesionales calificados en todas las fases del proceso de audiencia de inmigración y deportación» y que la Asociación de Traductores de Nueva Inglaterra avaló poco después.

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