Antes de las elecciones de 2024, Donald Trump tenía claro que quería convertir la inmigración era su tema de campaña y gobierno. Se enfocó en anunciar deportaciones masivas y en demonizar a las comunidades de inmigrantes. Ahora, estamos viendo claramente la hoja de ruta que Trump y la que sus asesores han estado trazando desde el principio. Las políticas de «seguridad» no eran más que el disfraz de la represión ideológica del Estado y del desgaste de las libertades personales.
Desglosemos las fases del presidente para criminalizar la inmigración y cómo la deportación está siendo utilizada como arma política.
Primera fase: la narrativa del inmigrante criminal
En primer lugar, Trump se centró en uno de los grupos más vulnerables: inmigrantes, emigrantes y solicitantes de asilo. El Partido Republicano nos alimentó con la mentira de que les inmigrantes son culpables de una larga lista de problemas sociales y políticos. Se apoyaron en el sentimiento del miedo, inflando la presencia del “inmigrante criminal”. Afirmaron que se centrarían en este grupo para que Estados Unidos fuera más seguro.
Una y otra vez, Trump enmarcó su postura sobre la inmigración como una cuestión de seguridad crítica, diciendo:
- “Detendré la invasión de delincuentes que entran en nuestro país”
- “Hay que hacer lo que hay que hacer para detener la delincuencia y para detener lo que está ocurriendo en la frontera”
- “Ejército de bandas y delincuentes migrantes de prisiones y cárceles, manicomios e instituciones mentales de todo el mundo”
Lamentablemente, aunque a algunos les sonaba “razonable”, no era más que una falsa narrativa destinada a expandirse hacia la represión ideológica del Estado. Hemos visto este tipo de marco narrativo de ellos contra nosotros una y otra vez en la historia por parte de peligrosos dictadores y opresores. Desde los esclavistas hasta Hitler, pasando por Trujillo, Pinochet y los afrikaners. Todos empezaron demonizando a un grupo, para seguir ampliando sus definiciones de “criminales“ y ”amenazas a la seguridad”.
La mayoría del electorado creyó que Trump y el Partido Republicano limitarían sus ataques a quienes “se lo merecían”. Pero los movimientos pro-inmigrantes y abolicionistas llevan décadas sonando la alarma contra esta estrategia. La criminalización de las comunidades y la eliminación de los derechos de ciertos grupos sólo son un tobogán, una chorrera, hacia el autoritarismo y el facismo.
Segunda fase: Trump niega y retrasa el acceso a los sistemas jurídicos
En su próxima fase, tras establecer la narrativa criminal-penal, la actual Administración crea restricciones al derecho de las personas para acceder a los sistemas legales y judiciales. Ignorando el principio de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, Trump insinúa que los “criminales” no merecen ningún apoyo legal. Esto se hace al servicio de su objetivo de deportación masiva, y de su objetivo más amplio de suprimir el desacuerdo político.
Antes de asumir el cargo, Trump dijo “[e]l primer día pondré en marcha el mayor programa de deportación de delincuentes de la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, no contó con los incansables esfuerzos de los movimientos organizados de base que educan a las comunidades migrantes sobre sus derechos ante la ley. Ahora, con unas cifras de deportación más bajas de lo que le gustaría, ha recurrido a políticas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para eludir los derechos democráticos.
No les importa que la Constitución insista en que no se prive a ninguna persona de su derecho al debido proceso. El Partido Republicano y los entusiastas de MAGA ven claramente este derecho como un obstáculo para sus objetivos de controlar la sociedad. Por eso la administración se ha inclinado por acciones que debilitan el acceso a los mismos. Se están saltando el debido proceso, negando el acceso a las audiencias de inmigración y a una defensa legal adecuada, para mantener el poder.
Inquietantemente, la Administración Trump está llegando al extremo de ignorar las sentencias de jueces de tribunales federales de distrito como James Boasberg. En cambio, el Partido Republicano está redoblando su búsqueda de poder y control. Según Newsweek, el Partido Republicano presentó una propuesta que “desencadenaría una grave crisis constitucional y sentaría un precedente para el despido por el Congreso de jueces considerados adversarios políticos”.
A medida que van anulando el debido proceso, el pueblo pierde la oportunidad de obtener justicia y equidad, incluso dentro de nuestros sistemas ya defectuosos. En las deportaciones más recientes hacia El Salvador, hemos visto el alto coste de sus tácticas, con la deportación de muchas personas que no debían serlo, incluido un padre de Maryland que el gobierno admitió que se debió a “un error administrativo’. E incluso con esta admisión, la administración ha declarado que no moverá un dedo para corregirlo.
Tercera Fase: Definir la actividad delictiva de cualquier forma posible
Si no pueden determinar que la persona es “criminal” según la legislación estadounidense, entonces, la Administración de Trump busca justificaciones en sus paises de origen. No importa si el delito del que se les acusa es legítimo o no, como en el caso de los solicitantes de asilo LGBTQ. O en el caso de Venezolanos y Centroamericanos con tatuajes, etiquetados como miembros de bandas, a pesar de los informes que indican lo contrario. Cualquier sospecha de ser “criminal” en otro país es suficiente para deportarles.
De igual manera está ocurriendo con el estudiantado internacional. La Administración y el Partido Republicano han ido un paso más allá. Están persiguiendo a estudiantes, señalándoles como amenazas para la seguridad nacional si participan en movimientos sociales contra el gobierno actual.
Parte de ese estudiantado lo son
- Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, atacada por expresar su opinión sobre la respuesta de Tufts a los grupos de estudiantes que pedían la desinversión en empresas vinculadas al genocidio de palestinos.
- Mahmoud Khalil, estudiante de doctorado de Columbia (y residente legal en Estados Unidos) organizó manifestaciones en el campus en apoyo de Palestina.
- Momodou Taal, estudiante de doctorado de la Universidad de Cornell cuyo visado fue revocado recientemente por participar en protestas propalestinas
Éstos son sólo algunos de los más de 300 estudiantes nacidos en el extranjero que han sido injustamente señalados, y la Administración Trump espera que estas cifras aumenten. Hasta la fecha, Ozturk y Khalil están recluidos en centros de detención de Luisiana, y esta misma semana Taal tomó la decisión de abandonar Estados Unidos antes que ser deportado o detenido.
Cuarta fase: Pronunciarse contra el gobierno es sinónimo a deportación
Es fundamental señalar que les estudiantes activistas no están siendo atacados porque han sido acusados de un delito o tienen antecedentes penales. Estan siendo perseguidos por el mero hecho de participar en acciones que no apoyan la política exterior estadounidense. Los republicanos están lanzando una amplia red para determinar el comportamiento “criminal”, que infringe masivamente los derechos democráticos.
Es importante destacar que abogados, políticos y organizadores están señalando cómo la selección de estudiantes internacionales plantea “graves problemas constitucionales”. La Administración Trump no sólo viola el derecho al debido proceso, sino también los derechos de la Primera Enmienda. En particular, la Primera Enmienda garantiza a las personas el derecho a la libertad de expresar su oposición al gobierno mediante: la palabra, la reunión y la petición.
Las acciones de la Administración Trump van directamente en contra de estos derechos constitucionales. Y ya estamos viendo cómo esta táctica se extiende a otros sectores del movimiento. A mediados de marzo, Jeanette Vizguerra fue detenida en el estacionamiento después de su turno de trabajo, en Denver, Colorado. Vizguerra es una conocida activista nacional por los derechos de los inmigrantes y, durante su detención, un agente comentó: “Por fin te agarramos”.
Además, a finales de marzo, el organizador sindical de trabajadores agrícolas Alfredo “Lelo” Juárez fue detenido a la fuerza por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se cree que su detención tuvo una motivación política, debido a que organizaba a las comunidades de inmigrantes y trabajadores agrícolas. En todo el país, estamos viviendo un aumento en los ataques y esfuerzos por detener y deportar a sindicalistas y activistas de los derechos de los inmigrantes.
La siguiente fase: Criminalizar la disidencia en todos los ámbitos
Está claro que, si no tienes ciudadanía, la administración actual ha descubierto que es más fácil deportarte por tus ideas que acusarte ante un tribunal. En comparación con las pretensiones originales de Trump, es inequívoco que su objetivo se ha ampliado para capturar a tanta gente como sea posible.
Hemos visto los cambios, y cada día son más evidentes. MAGA ha pasado de “dar prioridad a los delincuentes peligrosos” a “la única forma es mantenerlos juntos y deportarlos a todos”. Además de revocar el estatus de protección temporal a miles de familias, están atacando a activistas con la advertencia de Trump de “los encontraremos y los deportaremos”.
Esta es la realidad de cómo está actuando la actual Administración, a 73 días de su segundo mandato. Incluso el director del manual derechista Proyecto 2025 ha dicho que las acciones de Trump hasta ahora han ido más allá de sus “sueños más salvajes”.
Han pasado de centrarse en los inmigrantes “criminales” en EEUU a deportar a personas con presunta, una sospecha, una idea de actividad criminal desde antes de que entraran en el país. Ahora, se dirigen contra quienes están en contra de las políticas internas y acciones exteriores de EEUU.
La realidad es que éste fue siempre su objetivo final. Los republicanos quieren impedir la disidencia, aplastar las voces de quienes tienen diferencias de opinión y de cualquiera que esté dispuesto a contraatacar. Es más, no se trata sólo de un ataque individual, sino de una advertencia a comunidades enteras.
Lo que está en juego bajo Trump
Desde el principio, como se señala en el Proyecto 2025, el objetivo era controlar las acciones de una sociedad que consideraban demasiado progresista. La Administración Trump no sólo está interesada en atacar a individuos en específico, sino que quiere debilitar y desmantelar movimientos sociales enteros.
No se trata de quién cruzó la frontera, sino de quién se atreve a hablar.
Por eso es urgente que sigamos reuniéndonos en oposición a estos esfuerzos siempre que sea posible. Debemos emprender una defensa comunitaria estratégica para proteger al liderato pro-inmigrante e indocumentado, exigir el debido proceso y denunciar cómo se está criminalizando la disidencia.
En este momento crucial de nuestras vidas, cuando todo es tan desesperado, cuando cada día es una cuestión de supervivencia, no creo que puedas evitar implicarte.
– Nina Simone, activista de los derechos civiles, cantante, compositora y pianista
AVANZANDO JUNTES A PEQUEÑOS PASOS
El movimiento MAGA quiere que nos rindamos, nos cansemos y cedamos: que aceptemos sus acciones y nos inclinemos hacia el caos y el miedo que han sembrado. Con tantas incógnitas, es fácil quedar atrapade o paralizade en la espiral del “¿y ahora qué?”. Por eso nos centramos en emprender pequeñas chispas de acción que nos acerquen a la comunidad y a la liberación. Podemos unirnos y dar los siguientes pasos para garantizar que las comunidades vulnerables no sufran daños. Esto puede traducirse en:
- Formarse en diversas estrategias de defensa comunitaria
- Organizarte y unirte a un hogar político
- Animar a tu sindicato a negociar que proteja a les trabajadores migrantes
- Crear arte de protesta a través del diseño, la música, ropa, vídeos, escritura, etc.
Hay espacio para que nos presentemos con nuestras innumerables habilidades y talentos, comprometiéndonos a dar un par de pequeños pasos. Con todo lo que está en juego, la promesa de buscar el cambio para nuestras comunidades, y dentro de nosotros mismos, es una forma preciosa y poderosa de luchar.